En Córdoba un jubilado intentó prenderse fuego en una de las oficinas del PAMI mientras reclamaba en contra de la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar la entrega de medicamentos gratuitos a aquellos que cobren más de una jubilación mínima y media.
El hecho ocurrió en medio de distintas manifestaciones que suceden a lo largo y ancho del país en contra del anuncio de esta semana. Según los testigos el hombre roció su cuerpo con combustible y cuando intentó prenderse fuego fue contenido por otras personas.
“Un jubilado que está con enfermedad terminal después de ir tres veces al PAMI sin obtener resultados se roció con combustible, incluso tragó una parte del combustible por lo cual lo han tenido que derivar para cuidados médicos, y según los testigos intentó prenderse fuego”, relató Marcelo Bianco, del Plenario de Trabajadores Jubilados de Córdoba, en diálogo con La Ranchada.
El hombre también mencionó que muchos jubilados y jubilados no encontraron respuestas a las consultas que tenían por un nuevo ajuste del gobierno de Milei. “Dialogamos con muchas personas que estaban allí y que en todos los casos nos planteaban la falta de soluciones a sus problemas. Uno recorre también los hospitales públicos donde los jubilados tienen penosamente que estar haciendo colas y esperando horas y esperando durante meses una tensión que también el PAMI está resintiendo”.
“El PAMI no es una repartición del gobierno, sino que tiene autonomía financiera y administrativa. No es como un ministerio, que el gobierno puede ir, meter mano y decidir cosas, sino que es una obra social que tiene dueños. Es la obra social más grande de Latinoamérica y su presupuesto se constituye por el aporte de los jubilados”, comentó.
Bianco cuestionó la decisión del gobierno nacional. Entre ellas, se refirió a la intervención que realizó La Libertad Avanza. “La otra cuestión irregular es que la intervención lleva más de un año, cuando la ley fija que no puede durar más de seis meses». Sumado a ello, «la creación del PAMI establece que tiene que ser dirigida por un directorio de once miembros: siete jubilados, dos representantes de los activos y dos del Estado como veedores. Esto tampoco se cumple”.
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