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Chaco es una provincia conocida por su rica biodiversidad y ecosistemas únicos. Sin embargo, en los últimos años, ha sufrido un aumento en los desmontes ilegales, lo que ha generado graves consecuencias ambientales y sociales.
Según datos de Greenpeace, en Chaco, se han desmontado casi 42 mil hectáreas en el año 2024.
Como consecuencia de esto se perdió gran parte de la biodiversidad y de los ecosistemas, se degradaron los suelos y se aumentó la erosión de los mismos, contribuyendo de esta manera al cambio climático.
Además, la deforestación indiscriminada afectó y seguirá afectando la calidad de vida de las comunidades indígenas y rurales.
El pasado 23 de abril, en una sesión extraordinaria, donde las organizaciones y sectores vinculados a la temática no fueron consultados, el poder legislativo del Chaco, aprobó una Ley impulsada por el Diputado Radical Juan José Bergia, que incrementa las multas por desmonte ilegal.
Esto demuestra que reconocen la existencia de los desmontes y evidencia, además, que el Estado, en lugar de proteger nuestro monte, está permitiendo su destrucción.
Leo Ferreira integrante de la colectiva “Somos Monte Chaco” definió con sus palabras de que se trata esta Ley: “Nosotros decimos que la corrupción y la impunidad siguen intactas, la ley no incluye ningún mecanismo concreto para garantizar transparencia ni prevenir encubrimiento de delitos ambientales”.
Además explicó: “Los desmontes son dos topadoras con cadena arrasando todo aquello que está delante de sí, dejan tierra arrasada”.
Y agregó: “Esto nos compete a toda la ciudadanía, si nosotros perdemos nuestros bosques nativos estamos permitiendo fenómenos climáticos extremos, inundaciones, sequía, problemas de salud”.
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