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La Asamblea de Vecinos del Chavascate, pionera en la lucha ambiental contra el desmonte en las Sierras Chicas de Córdoba, realizó el pasado domingo una presentación formal ante el Poder Judicial pidiendo la inconstitucionalidad de la ley 10.830.
Quienes conforman la Asamblea también solicitaron una medida cautelar para la suspensión de esta ley, considerada “regresiva” y denunciaron que tampoco contó con la participación que la normativa del tipo ambiental requiere, previo a su aprobación.
Juan Smith, abogado ambientalista y miembro de la Asamblea, explicó: “se presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 10830, que modifica la Ley General de Ambiente, haciéndola aún más regresiva de lo que ya era y provocando o poniendo en riesgo zonas de grandes porciones del territorio de la provincia de Córdoba”.
También agregó que esos territorios son denominadas zonas rojas y se encuentra “al arbitrio de emprendedores inmobiliarios o de negocios inmobiliarios, de negocios y emprendimientos megacanteriles, obras públicas y privadas”.
Cabe recordar que la ley 10208 contó con un debate, en el que participaron diversos sectores de la sociedad civil. Esta reforma, señalan desde la asamblea, es la exteriorización legislativa de la presión de sectores concentrados de la economía, que van por lo poco que queda de bienes comunes en Córdoba.
Sobre estas implicancias, Smith agregó: “esta ley 10830 saca el anexo I y II, cuando antes, para el inicio de estas actividades, requerían el inicio de proceso de evaluación de impacto ambiental que incluye el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública”.
Para las vecinas y vecinos nucleados en la Asamblea de Chavascate, la flexibilización que propone esta ley implica una mayor desprotección desde el punto de vista ambiental, atentando contra la salud y la vida en la provincia de Córdoba.
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