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La licenciada en Trabajo Social, Melina Fernández, integrante del programa Infancia, Juventudes, Políticas Públicas y Organizaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UniCen), criticó el proyecto que busca bajar al edad de imputabilidad a los 14 años, que obtuvo dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados.

En diálogo con Radio La Compañía afirmó que existen “datos concretos que claramente desmienten el hecho de que haya un aumento en el delito juvenil, muy por el contrario, está en un 0,4%”.

“En los últimos años viene disminuyendo, con lo cual también nos instala un poco la pregunta de si bajar la edad de punibilidad resolvería el tema de la inseguridad”, agregó.

También señaló la responsabilidad que tienen los medios hegemónicos de comunicación amigos del poder que foguean este tema. “Parte de la estrategia mediática que sostiene estos discursos es tomar situaciones particulares e individuales que nos interpelan y generan cierta sensibilidad porque son hechos muy dolorosos”.

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Siguen las críticas al proyecto de ley que busca bajar la edad de punibilidad a los 14 años. La diputada pampeana Varinia Marín puso en duda que el gobierno de Milei haga las inversiones que prevé el proyecto y apuntó al bajo porcentaje de delitos cometidos por menores.

Durante su exposición en el Congreso aseguró que los especialistas que se acercaron a las comisiones para hablar sobre el tema indicaron que “el delito de menores venía bajando”, pero “parece que a nadie le importan las estadísticas”.

“Entiendo que tendríamos que estar pensando en un régimen penal juvenil, pero no para menores de 14 años”, agregó. Y remató: “Se les escapan los presos adultos de las comisarías y quieren retener a los presos, a los niños, a los menores”.

Marín insistió en que el gobierno nacional miente cuando anuncia supuestas inversiones en el área porque lo único que le importa es el ajuste. “No mandan plata para arreglar una ruta, para las cajas previsionales no transferidas; desfinancian todo el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas sociales; quieren sacar hasta las pensiones por discapacidad”.

“¿Quién piensa que este gobierno va a invertir en instalar dispositivos separados de las cárceles para que los niños vayan a parar ahí? ¿En base a qué? Yo no lo creo y no creo que ninguno de los diputados que está acá y firmó, lo crea. Tampoco”, agregó.

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El Gobierno volvió a reprimir a jubilados y jubiladas que protestaban pacíficamente, como cada miércoles, en las inmediaciones del Congreso, en reclamo de un aumento de emergencia, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución de los medicamentos gratuitos.

Uno de los agredidos fue el padre Paco Olveira, integrante del grupo de Curas en la Opción por los Pobres, quien suele acompañar las movilizaciones semanales. El sacerdote resultó con un corte en la frente cuando intentó evitar que la policía detuviera a un jubilado.

“La represión, como siempre, no fue fácil, pero al otro compañero que no hizo nada, sí se lo llevan detenido”, denunció.

“Bueno, por lo pronto demorado, así que yo me voy a quedar con él, voy a ir con él, pero claro, yo tengo coronita, el pueblo no”, agregó, y señaló que probablemente lo golpearon con un escudo, lo que le provocó la herida.

“Es injusto, porque yo me opuse a la detención del otro compañero, así que yo sí que me enfrenté a la autoridad. Yo soy el que tiene que estar detenido, y no él”, sostuvo.

Luego recordó palabras del Papa Francisco, quien antes de su fallecimiento se había referido a la represión del gobierno nacional sobre las manifestaciones sociales. “Lo que dijo el Papa Francisco, que tenían que pagarles con justicia social y les pagan con gas pimienta; en este caso, con detención”.

Por último, el padre Paco aseguró: “No quiero cámaras para mí, hay que poner la cámara a los jubilados y jubiladas, centrarla ahí”.

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Escuchar/Descargar el reporte desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Córdoba.

El conflicto por el traspaso del servicio de cloacas en Villa Carlos Paz se mantiene sin resolución, con la planta de tratamiento de líquidos cloacales tomada desde hace más de una semana por trabajadores y trabajadoras que reclaman la continuidad laboral.

La medida de fuerza fue resuelta por el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) horas antes del traspaso previsto para el 30 de abril, fecha en la que el municipio intentó asumir formalmente el servicio. El principal reclamo es que el gobierno local solo prevé incorporar a 17 de los 48 empleados y empleadas actualmente afectados a esa tarea, lo que dejaría fuera del sistema a más de 30 personas.

“Para nosotros es una falta de respeto, porque demuestra que no les importa la continuidad de los trabajadores. Es lamentable lo que están haciendo, porque van a dejar sin trabajo a 30 familias de Carlos Paz. Es una falta total de responsabilidad”, expresó el secretario general del SIPOS, Víctor Rodríguez.

A pesar de la toma, desde el sindicato confirmaron que el servicio continúa operativo. “Continuaremos garantizando las guardias mínimas”, señaló Rodríguez en diálogo con Villanos Radio.

Ese mismo 30 de abril, una comitiva municipal se presentó en la planta para tomar el control del servicio, pero no pudo hacerlo debido a la ocupación pacífica que mantienen los trabajadores. En respuesta, el municipio volvió a denunciar a las autoridades de la Cooperativa Integral (COOPI), acusándolas de desobedecer la normativa vigente. La presentación fue radicada en la fiscalía del 2º turno, con el objetivo de obtener una orden de desalojo y avanzar con la toma del servicio por la fuerza.

Sin embargo, tanto el sindicato como la COOPI notificaron a la fiscalía que existe un proceso administrativo abierto en la Secretaría de Trabajo de la provincia, que aún no definió cuántos trabajadores deben pasar de la cooperativa al municipio.

Desde el SIPOS insisten en que el número propuesto por el Ejecutivo es inviable. “El Ejecutivo no solo pone en riesgo la salud pública, sino también la fuente de ingresos de 48 familias y rompe la paz social. Ellos son los responsables de romper la paz social. Fuimos medidos, cautos durante todo el transcurso de la negociación y llegamos a esta instancia donde aparentemente el municipio decidió acabar el diálogo y nos obligan a tomar medidas de fuerza”, afirmó el secretario gremial, Esteban Lupiano.

Ahora será el secretario de Trabajo de la provincia, Omar Sereno, quien deberá tomar una decisión definitiva que resuelva el conflicto: cuántos trabajadores deben pasar de la Cooperativa al municipio para continuar prestando el servicio. Esa resolución será obligatoria para ambas partes. Mientras tanto, continúa la toma de la planta y el estado de asamblea permanente en defensa de los puestos de trabajo.

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La Cámara de Senadores de la Nación rechazó el proyecto conocido como “Ficha Limpia”, a pesar de que se suponía que los sectores antikirchneristas tenían los votos para impedir la una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

La votación terminó con 36 a favor y 35 en contra pero no se pudo aprobar la iniciativa porque se necesitaban 37 votos, es decir la mitad más uno del recinto de la Cámara alta.

El proyecto establecía que no podrían ser candidatos quienes tengan una condena por delitos contra la administración pública confirmada por una cámara, aunque no se hubiera expedido la Corte Suprema que es la última instancia de la justicia argentina para definir si una persona es culpable o inocente. El texto no afectaba a personas que tuvieran condenas por narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y otros delitos económicos.

La senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, apuntó a la falta de independencia de los jueces y fiscales que llevaron adelante las causas contra la ex presidenta. “¿Quién va a ser el nuevo comisario moral de la República Argentina para poder ser candidato o candidata, y que te elija o no el pueblo? En serio sno vienen a hablar de idoneidad moral a nosotros? Quiénes van a ser los comisarios? ¿Los jueces que hacen equipos de fútbol con los Macri? ¿Los que le mandan mensajes de instrucciones por WhatsApp y Telegram a los jueces y fiscales de lo que tienen que hacer? ¿A los de Lago Escondido, a esos jueces les vamos a poner la responsabilidad de decidir quien puede ser candidato o no?”.

El senador radical Martín Lousteau reconoció en su discurso que la justicia le responde al poder político y económico. Sin embargo, fue uno de los que votó a favor del proyecto. “La verdad que no es buena la justicia. Tiene sesgo de clase, de género, le responde a unos y no a otros, al poder político le responde, al poder económico le responde, a la gente no. Tiene demoras. Una justicia que llega tarde no es justicia, pero es ilegítima, es la justicia de nuestra democracia. Si no creemos en la justicia de la democracia, la verdad que no sé en qué vamos a creer”, expresó.

Tras la votación, el senador libertario Ezequiel Atauche se mostró desorientado por el resultado porque creía que tenían todo arreglado para sacar la ley.

También acusó a la “casta” de defenderse a sí misma: “Nos dijeron que teníamos los votos y a último momento se dieron vuelta. Es indignante. Te lo digo como argentino. La casta se termina imponiendo”.

El proyecto denominado de ficha limpia al ser rechazado por el Senado perdió estado parlamentario y ya no podrá ser tratado nuevamente este año por el Congreso.

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Escuchar/Descargar el reporte de Radio Trinchera desde La Plata, Buenos Aires. 

El municipio de La Plata se prepara para poner en marcha la primera fase del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y el Plan de Administración de los más de 400 loteos ilegales que existen en la ciudad. 

El proyecto fue impulsado por el intendente Julio Alak y aprobado la semana pasada por unanimidad de los distintos bloques en una sesión del Concejo Deliberante platense. Con la norma aprobada, el Ejecutivo local podrá avanzar en resolver la situación de los proyectos inmobiliarios autorizados de manera irregular por la gestión de Julio Garro. 

En diálogo con Radio Trinchera, la concejala de Unión por la Patria, Cintia Mancilla, destacó que la ordenanza es un quiebre en los negociados urbanísticos que había en la capital bonaerense. “Se terminó planificando la ciudad dando con un montón de excepciones, modificando la ordenanza madre del Código de Ordenamiento Urbano sin hacer una modificación general o planificada”. 

Además, adelantó que el compromiso de mejorar la situación en los barrios populares en una segunda etapa del proyecto. “Ponemos a modo de obligación, si se quiere, que en la segunda fase haya un programa concreto para abordar los barrios populares en la ciudad y la manera de acercar servicios”.

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