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El gobierno volvió a reprimir a los jubilados y fue lastimado el padre Paco Olveira

El Gobierno volvió a reprimir a jubilados y jubiladas que protestaban pacíficamente, como cada miércoles, en las inmediaciones del Congreso, en reclamo de un aumento de emergencia, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución de los medicamentos gratuitos.

Uno de los agredidos fue el padre Paco Olveira, integrante del grupo de Curas en la Opción por los Pobres, quien suele acompañar las movilizaciones semanales. El sacerdote resultó con un corte en la frente cuando intentó evitar que la policía detuviera a un jubilado.

La represión, como siempre, no fue fácil, pero al otro compañero que no hizo nada, sí se lo llevan detenido”, denunció.

“Bueno, por lo pronto demorado, así que yo me voy a quedar con él, voy a ir con él, pero claro, yo tengo coronita, el pueblo no”, agregó, y señaló que probablemente lo golpearon con un escudo, lo que le provocó la herida.

“Es injusto, porque yo me opuse a la detención del otro compañero, así que yo sí que me enfrenté a la autoridad. Yo soy el que tiene que estar detenido, y no él”, sostuvo.

Luego recordó palabras del Papa Francisco, quien antes de su fallecimiento se había referido a la represión del gobierno nacional sobre las manifestaciones sociales. “Lo que dijo el Papa Francisco, que tenían que pagarles con justicia social y les pagan con gas pimienta; en este caso, con detención”.

Por último, el padre Paco aseguró: “No quiero cámaras para mí, hay que poner la cámara a los jubilados y jubiladas, centrarla ahí”.

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Tiene dictamen de Diputados el proyecto para bajar la edad de punibilidad a los 14 años

Escuchar/Descargar el reporte desde Radio Futura de La Plata, Buenos Aires. 

 

El plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda se reunió este martes para dictaminar el proyecto de ley que propone modificar Régimen Penal Juvenil. La propuesta es que la edad de imputabilidad en adolescentes pase de 16 a 14 años.

Los diferentes bloques que firmaron el dictamen de mayoría acordaron distintos puntos. Entre ellos que la pena máxima para menores de edad sea de 15 años, y deberán estar en lugares separados de adultos, con personal capacitado para trabajar con jóvenes. El proyecto también propone que aunque se aplique una sanción, no se puede interrumpir la educación del adolescente.

La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, de la UCR, dijo que este proyecto era una asignatura del Congreso.

Tiene una misión que es resocializadora, educativa, de contención, es llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener la oportunidad de la resocialización”, argumentó.

Mientras tanto, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria manifestaron su rechazo a la propuesta. El diputado Christian Castillo, del Frente de izquierda, dijo que la iniciativa “es una bomba de humo que no va a resolver lo que se debe resolver”.

“Hay toda una presentación del tema como si la clave de la inseguridad urbana estuviera dada por las acciones de niños, niñas y adolescentes. La evidencia en países donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos, sino que incluso han aumentado”, afirmó.

El proyecto ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su votación. De obtener media sanción, pasará a Senadores.

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Jubilados vuelven a movilizarse frente al Congreso

Este miércoles por la tarde, la plaza frente al Congreso volverá a ser escenario de una nueva movilización de jubilados y jubiladas. Concentran allí desde las 15 en reclamo de un aumento de emergencia, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución de los medicamentos gratuitos.

Además, rechazan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que contempla una reforma previsional que implicaría elevar la edad jubilatoria y recortar derechos adquiridos.

Mientras tanto, la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados retomó esta semana el debate sobre distintos proyectos que buscan atender los reclamos de las organizaciones de jubilados y jubiladas. Allí participaron representantes de organizaciones del sector, entre ellas la CTA Autónoma.

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la central, cuestionó que se responsabilice a los trabajadores y trabajadoras por la falta de aportes al sistema previsional, y apuntó contra las leyes que han favorecido la precarización laboral: “No es cierto que los trabajadores no hayan hecho su parte. Han trabajado desde jóvenes. Lo que falló fueron las leyes incompletas, la falta de aportes patronales y la precarización laboral que se profundizó en los últimos años. Necesitamos garantizar un piso mínimo que permita vivir con dignidad”.

También se refirió a la importancia de sostener la movilización más allá de los intentos de criminalización: “No somos ‘abuelitos’ pidiendo un bono. Somos personas con derechos. Vamos a seguir reclamando todos los miércoles, aunque nos sigan atacando. Necesitamos construir la unidad para frenar estas decisiones que benefician a unos pocos y asegurar jubilaciones dignas para nosotros y para las próximas generaciones”, afirmó durante su intervención en el Congreso.

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Estatales protestan con olla popular contra los despidos en Capital Humano y la destrucción de programas

Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizan una olla popular en la Ciudad de Buenos Aires en contra de la ola de despidos que ordenó el gobierno de Javier Milei.

Bajo la consigna “Pettovello hambrea y despide trabajadores”, la manifestación tendrá lugar en la intersección de las calles Lima y Belgrano, en las inmediaciones del edificio ministerial.

En declaraciones al Informativo FARCO, Ingrid Manfred, secretaria general de ATE en Capital Humano, aseguró que se trata de la “sexta ola de despidos” en el área que dirige una de las funcionarias más protegidas por el presidente.

Para la dirigente sindical la decisión de nuevos despidos es una muestra de las intenciones de La Libertad Avanza por “desguazar, abandonar y destruir la política social”.

Mientras se niegan a ejecutar la política social, la única política del actual gobierno ha sido despedir trabajadores”, afirmó.

La última tanda de despidos llegó el 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador y la Trabajadora, en áreas que se encargaban de acompañar proyectos socio productivos, como entrega de herramientas, insumos, materiales “para que trabajadores de la economía social puedan desarrollar sus emprendimientos”.

Por eso vamos a estar de pie resistiendo diciendo Basta Milei, Sandra Pettovello, Sturzenegger, necesitamos que cese el hostigamiento a los trabajadores y que realmente se pongan a laburar por quienes más lo necesitan”, remarcó.

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Paro de colectivos: pasó la medida, pero la situación salarial sigue siendo “muy crítica”

Escuchar/Descargar el reporte desde Radio Gráfica de la Ciudad de Buenos Aires. 

Tras el paro de transporte, en la Ciudad de Buenos Aires los colectiveros aseguran que su situación salarial es crítica y piden respuestas al pedido de mejorar sus sueldos.

Mientras los choferes afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adhirieron a la medida de protesta, en el Área Metropolitana de Buenos Aires funcionaron algunas unidades de las líneas de colectivos parte de la empresa DOTA, que presionó a sus empleados para no adherir a la medida de fuerza.

Esteban Simoneta, delegado de la línea 60 en CABA, señaló que el paro “era inevitable por lo critica de la situación económica,  nunca vista en 30 años que tengo acá en transporte”.

En diálogo con Radio Gráfica, describió que muchos trabajadores “se arriesgan a tener que laburar más horas de lo recomendable” para su tarea. “No solo en la empresa sino afuera cuando terminan su jornada para poder pagar las deudas y llegar un poco mejor a fin de mes, con los riesgos que eso conlleva”, agregó.

Por último comentó que las empresas no quieren pagar aumentos ni mejorar condiciones laborales porque los costos superan a los ingresos que genera el servicio. Por eso le piden al gobierno que suba los subsidios o permita aumentar el valor del boleto. Pero desde La Libertad Avanza no dan el brazo a torcer. Además, tampoco quieren que el aumento salarial supere el 1%, lo que hace que el conflicto siga sin resolverse.

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Organismos de derechos humanos rechazan que Astiz y otros represores condenados sean llevados a Campo de Mayo

Escuchar/Descargar el reporte desde FM Tinkunaco de José C. Paz, Buenos Aires.

Organismos de derechos humanos rechazaron que peligrosos represores como Alfredo Astiz sean trasladados a Campo de Mayo en lugar de cumplir sus condenas en una cárcel común.

El Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, manejado por Patricia Bullrich, anunció el traslado de Alfredo Astiz y otros represores –que cumplían sus penas en el Complejo Penitenciario 7mo de Ezeiza – a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que es considerada una “cárcel VIP” por sus comodidades.

El argumento es la sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres. El Tribunal Oral Federal 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos personales realizados por los represores.

Iris Pereyra de Avellaneda, victima sobreviviente de Campo de Mayo y mamá de Floreal Avellaneda, secuestrado y asesinado por la última dictadura militar, repudió está decisión. “La verdad que es una verguenza”, afirmó en diálogo con FM Tinkunaco.

No tendrían que estar en Campo de Mayo, tendrían que estar en cárcel común, como nos tenían a nosotros en centros clandestinos. Que sufran los que nos hicieron sufrir a nosotros”, agregó.

Los organismos de Derechos Humanos rechazaron colectivamente este anuncio y remarcaron que las condenas deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos.

Tienen de todo y salen, no a la calle sino ahí adentro. Pasean, vienen, van, se reunen. Campo de Mayo es una cueva de delincuentes”, añadió Pereyra de Avellaneda sobre la “cárcel VIP” a donde el gobierno quiere trasladar represores.

Finalmente, los organismos de zona norte pedirán una audiencia con el director de Derechos Humanos de Nación para pedir permiso y realizar un próximo acto dentro de Campo de Mayo.

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