𝑷𝒐𝒓 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂 𝑪𝒂𝒃𝒓𝒂𝒍 (*)
Viajé el año pasado por primera vez a El Salvador, invitada por la Asociación de Radios Participativas de ese país, ARPAS. Cumplían 30 años y convocaron a la Junta Directiva de ALER, nuestra red latinoamericana, conformada por cinco compañeres de diferentes países. Participé del foro “El derecho humano a la comunicación, a la libertad de prensa y el acceso a la información pública desde el periodismo comunitario”.
Comencé mostrando el mapa y señalando la distancia entre El Salvador y mi ciudad, Viedma. “Está muy lejos, no sólo por la distancia real sino por la distancia que nos han impuesto los modelos comunicacionales y culturales; no sólo porque ustedes comen pupusas y nosotros tomamos mate, sino porque nos han alejado. Sin embargo ALER y su producción en red, sus encuentros, sus proyectos, fueron acercándonos un poco más”, dije.
Hoy los gobiernos de Nayib Bukele y Javier Milei nos colocaron en una agenda continental que no manejamos. Si en Argentina se habla de El Salvador, es porque la figura de Bukele llegó por las redes, y lo mismo sucede al revés. “El movimiento social que tiene Argentina, no va a dejar que Milei haga lo que quiere”, me decían varias personas, y quisiera creerlo.
“Si venían unos meses atrás les iba a contar de los avances (parciales) en las políticas de fomento de medios comunitarios en Argentina, sin embargo les tengo que hablar de la motosierra que va destruyendo lo que habíamos logrado en materia de defensa del derecho a la comunicación”, señalé mostrando fotos de las puertas cerradas de Télam.
Las radios populares salvadoreñas nacieron, como en Argentina, para reconstruir las bases comunitarias rotas por la violencia dictatorial. La Guerra Civil (1980-1992) había provocado la huida de miles de personas a Honduras, y luego de la firma de los tratados de paz comenzaron a retornar. Esas radios se crearon para volver a ser una comunidad, la radio les ayudó a combatir el miedo a la palabra compartida. Al igual que en Argentina donde a finales de los 80 surgieron las radios comunitarias para intentar rehacer las tramas sociales quebradas por la dictadura. En ese pasado podemos reconocernos en una misma búsqueda.
Actualmente en ARPAS participan 17 radios, que son organizaciones sociales con mucha trayectoria de lucha, principalmente por el acceso al agua, a la tierra, contra el extractivismo. Otro gran lazo. Esa agenda de preocupaciones nos moviliza también a las 120 radios asociadas a FARCO.
𝐋𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐜𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬
El Salvador es más pequeño que la provincia más pequeña de Argentina. Sus movimientos sociales están organizados principalmente por la defensa de la tierra y el agua. Fue el primer país en el mundo en prohibir la minería de oro, en 2017. Esta norma fue revocada en 2024 por una nueva ley que habilita la minería y el uso de cianuro y mercurio.
El presidente Bukele comenzó su mandato con la aprobación de un “régimen de excepción”. El objetivo era darle al gobierno todas las herramientas para detener a las maras o las pandillas. Lo que parecía una medida de algunos meses, ya lleva tres años. La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denuncia que al menos 20 mil de las 80 mil personas detenidas durante el régimen de excepción, son inocentes. El propio Bukele reconoció públicamente hace unos meses, en Costa Rica, que liberaron a unos 8 mil inocentes. Muchas de esas personas que fueron detenidas, figuraron semanas como desaparecidas porque no se sabía nada de ellas. La misma organización dijo que podrían ser más de 500 los prisioneros asesinados a golpes y muertos por falta de alimentos, medicinas y atención en salud.
El miedo ha sido el mayor estructurador de la sociedad salvadoreña, especialmente en personas que participan de organizaciones sociales de derechos humanos y ambientales.
En materia comunicacional existe una maquinaria institucional de comunicación con centro en las redes sociales y los medios comerciales. Un aparato estatal que no comunica oficialmente sus gastos y que invierte millones en propaganda, con un control centralizado de la información. Mientras, se extiende la cultura de silencio en todos los niveles del estado. El único que habla es el presidente y lo hace con quien él designa, que son en general youtubers famosos.
El ataque a la tarea de las radios participativas, comunitarias, viene en dos frentes: por un lado la falta de acceso a la información pública, y el silencio de todos los estamentos del estado a dialogar. Y por otro, el miedo a caer en las garras de la policía y la justicia que persigue a dirigentes comunitarios por causas como “estafa”. Como el caso de la compañera de Bálsamo radio y tv, Mónica Rodríguez a quien le decomisaron su vivienda con una fiscal que ingresó “encapuchada” y le quitaron sus computadoras y celulares, sin mencionar los motivos del secuestro de sus archivos.
Me sorprendió cuando escuché una de las medidas de protección que tomaron algunos comunicadores: Pedirle a sus familiares que quiten de sus redes todas las fotos que demostraran su parentesco. Es que la violencia digital y la persecución a quienes se manifiestan contra alguna de las medidas del gobierno, consiste en atacar en las redes también a familiares de los dirigentes sociales y comunicadores. Muchas veces esas amenazas terminan en el encarcelamiento de inocentes.
Los aprendizajes que nos dejan comunicadoras y comunicadores salvadoreños es que es necesaria la organización para la seguridad física y de las plataformas con las cuales hacemos nuestro trabajo. El periodismo comunitario es esencial cuando el estado no comunica, esconde y persigue.
El acompañamiento de redes y organizaciones por fuera del país, también es clave como estrategia de protección a quienes siguen aportando al ejercicio del derecho a la comunicación y la información.
(*) 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒆𝒅𝒎𝒂, 𝑹𝒊́𝒐 𝑵𝒆𝒈𝒓𝒐. 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑴𝒆𝒔𝒂 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝑭𝑨𝑹𝑪𝑶 𝒚 𝒗𝒊𝒄𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝑳𝑬𝑹 –𝑨𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑳𝒂𝒕𝒊𝒏𝒐𝒂𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒚 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒓-.
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