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El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados no logró firmar un dictamen de consenso para avanzar con un nuevo régimen penal juvenil. Distintos bloques impulsan propuestas para bajar la edad de punibilidad a 13 o 14 años, pero la reunión finalizó sin un acuerdo.

La diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, señaló que, aunque el porcentaje de delitos cometidos por menores es bajo, considera necesario avanzar con un proyecto. “El año pasado vinieron muchos especialistas, entre ellos la Red de Jueces Penales Bonaerenses, y nos dijeron que menos del 2% de los delitos los cometen menores. No importa, igual hay que dar una respuesta”, afirmó.

Para la legisladora, es fundamental establecer un “régimen de responsabilidad juvenil” que contemple “medidas socioeducativas para los delitos menores” y que, en casos graves, habilite la posibilidad de prisión en lugares adecuados para evitar que los jóvenes sean alojados junto con adultos.

En la vereda opuesta, la diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, rechazó la baja en la edad de punibilidad y apuntó contra la responsabilidad del Estado en la situación de los menores en condiciones de vulnerabilidad. “Si seguimos metiendo pibes en la cárcel y encima con adultos, vamos a hacer universidades del hampa”, advirtió.

Schlotthauer subrayó que la discusión debería centrarse en la pobreza infantil y no en endurecer el régimen penal juvenil. “Siete de cada diez pibes están en la pobreza y cuatro de cada diez tienen solo una comida al día o sufren inseguridad alimentaria”, remarcó.

También cuestionó a los legisladores que apoyan el ajuste presupuestario: “Desde este Congreso hay diputados que votaron leyes que recortaron los presupuestos. En vez de discutir cómo garantizar los derechos de los pibes, estamos discutiendo dónde los metemos presos”, concluyó.

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Escuchar/Descargar el reporte desde Radio Kermes de Santa Rosa, La Pampa.

El gobierno de La Pampa volvió a advertir sobre las graves consecuencias del abandono de las rutas nacionales en la provincia. A pesar de los reiterados pedidos al gobierno nacional para que se haga cargo del mantenimiento y garantice la seguridad vial, la gestión de Javier Milei sigue sin dar respuestas.

Rodrigo Cadenas, presidente de Vialidad Provincial, describió la crítica situación en una entrevista con Radio Kermés. “Hoy por hoy lo que se puede hacer es poco en esta red nacional, porque no es jurisdicción de la provincia. Más allá de los reclamos formales, es la Nación la que debe hacerse cargo del mantenimiento y, hasta ahora, las noticias que llegan son desalentadoras”, explicó. Además, advirtió que existe la posibilidad de que Vialidad Nacional rescinda los pocos contratos vigentes, agravando aún más la situación.

El funcionario también lamentó la falta de políticas para atender la infraestructura vial. “El intendente puede cortar el pasto, aunque no le corresponda, porque es vergonzoso el estado en que se encuentran algunas rutas. Pero el problema va mucho más allá: el deterioro de la calzada, la falta de bacheo, el sellado de fisuras y el calce de banquinas representan un peligro real para la seguridad. Además, desatender un activo vial implica que, cuando finalmente se realicen las inversiones necesarias, el costo será mucho mayor”, advirtió Cadenas.

Desde La Pampa insisten en la necesidad de que el gobierno nacional asuma su responsabilidad y tome medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de la infraestructura vial.

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Jubilados y jubiladas marchan este miércoles en las inmediaciones del Congreso con el apoyo de las hinchadas del fútbol argentino. La iniciativa surgió el miércoles pasado con la participación de hinchas de Chacarita Juniors y se multiplicará hoy con simpatizantes de distintos equipos. Aclaran que son hinchas y no barrabravas, como intenta instalar el gobierno junto a sus medios de comunicación aliados, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, prometió detenciones y aplicar la prohibición de ingresar a los estadios de fútbol.

El reclamo que vienen haciendo los jubilados y jubiladas es un aumento de emergencia, la restitución de los medicamentos gratuitos y la continuidad de la moratoria que el gobierno eliminará desde el 23 de marzo.

“Estamos en la vísperas de esta actividad que va a tener características masivas”, aseguró Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, en la conferencia de prensa de ayer.

“Si las hinchadas han resuelto apoyarnos tiene que ver con varios factores. En primer lugar, nuestra lucha va al centro del ataque a la política de ajuste de Milei, porque estamos pidiendo lo que necesitan todos los trabajadores. Aumento de los haberes pero además estamos pidiendo que nos devuelvan los medicamentos que Milei nos robó, y estamos pidiendo por los trabajadores que se van a jubilar porque estamos pidiendo la prórroga de la moratoria. Este fenómeno de las hinchadas ha popularizado una lucha que recorre todo el país”, agregó.

Por otro lado destacó que en otras provincias argentinas también se hayan sumado hinchas de fútbol al reclamo de los jubilados, como en Córdoba, Mendoza o Santa Fe. “Bullrich no puede seguir manejando la represión para callarnos la boca. Y los jubilados no nos callamos”, concluyó Biaggio.

Los trabajadores y trabajadoras de prensa vienen acompañando a los jubilados y también fueron reprimidos con palos y gases por las fuerzas de seguridad a cargo de Bullrich. De igual manera, prometieron seguir apoyando el reclamo y estar presentes en la movilización de esta tarde, convocada para las 17 horas.

“No quieren que mostremos la realidad tal y como es y la realidad es que en un gobierno que otra vez nos pone a la puerta de endeudarnos y que paga una miseria de salarios y de jubilaciones. No lo tenemos que permitir más, no tenemos que permitir que las fuerzas de seguridad, de la Policía Federal específicamente vengan a reprimirnos”, manifestó Sebastián Vricella, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

Vricella afirmó que no dejarán de protestar y “mostrar lo que sucede en la calle, que es lo que el gobierno no quiere”.

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una fuerte inversión estatal para atender la emergencia tras la inundación en Bahía Blanca. Se destinarán $273 mil millones, una cifra 27 veces mayor que los $10 mil millones aportados hasta ahora por el gobierno nacional.

Entre las medidas anunciadas por el gobernador Axel Kicillof se incluyen créditos en 36 cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos, la exención del pago del impuesto inmobiliario urbano por un año y la condonación del pago de la patente para los vehículos afectados por el temporal. Además, el boleto de colectivos será gratuito por un mes y se otorgarán subsidios no reembolsables de $800 mil para más de 30 mil familias de menores ingresos perjudicadas por la inundación.

“Si uno suma el volumen de los anuncios, sin contar lo que aportó el gobierno nacional, son $273 mil millones. Hay cuestiones que van a tener una solución más veloz, y otras obras que van a llevar tiempo porque el daño ha sido muy profundo”, explicó Kicillof. También mencionó la necesidad de planificación y financiamiento para la reconstrucción, y señaló que se seguirá trabajando con el Gobierno Nacional en ese aspecto.

“El daño ha sido muy profundo. Lo importante es dar un horizonte de trabajo y, mientras tanto, vamos a ir diseñando la planificación de la reconstrucción, que esto requiere especialistas, un plan y financiamiento, que probablemente supere las posibilidades, porque todo lo que he mencionado son recursos provinciales”, agregó.

El plan también incluye la reparación de escuelas, la distribución de útiles y guardapolvos, el reparto de materiales de construcción a las familias que lo necesiten, obras de pavimentación y desagües, y la rehabilitación de los puentes que conectan distintos sectores de la ciudad.

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Escuchar/Descargar el reporte de Jorge Solari desde el Instituto de Cultura Popular (INCUPO).

Bajo el lema “Europa y Latinoamérica: alianzas para un sistema alimentario con futuro”, este martes 12 de marzo se realizará una conferencia internacional en modalidad virtual. El evento es organizado por el Proyecto de Cooperación Alianza, conformado por el Instituto de Cultura Popular (INCUPO) y Welthaus, de Austria, y busca fomentar el diálogo entre actores clave de ambos continentes para avanzar hacia sistemas alimentarios más justos y sostenibles.

El evento será transmitido en vivo a partir de las 9:30 (hora argentina) a través del canal de YouTube de INCUPO.

La conferencia contará con la participación de técnicos especializados y representantes de la agricultura familiar de Argentina y Austria. Uno de los expositores será Juan Carlos “Tato” Figueredo, técnico de INCUPO, quien destacó la importancia del evento: “Llevamos tres años de trabajo conjunto entre organizaciones de Austria y Argentina, construyendo propuestas innovadoras para enfrentar la amenaza climática y fortalecer la soberanía alimentaria. Ahora queremos compartir esta construcción en un espacio de diálogo con otros actores para analizar cómo continuar y poner en práctica estas ideas”.

“Somos conscientes de que estamos ante un problema urgente que requiere soluciones concretas. Por eso, buscamos articular propuestas viables con distintos niveles de gobierno, desde municipios hasta organismos regionales como el Mercosur y la Unión Europea. La voluntad de acción está presente, y esperamos que esta conferencia contribuya a generar compromisos efectivos”, concluyó Figueredo.

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Vecinos y concejales de la oposición en Villa Allende expresaron su preocupación por el funcionamiento de la empresa WorldCoin en el complejo San Cayetano. La firma, que provocó controversia a nivel nacional e internacional, se dedica a reclutar personas que, a cambio de un pago en criptomonedas, permiten que se les escanee el rostro y el iris de sus ojos con tecnología especializada.

WorldCoin ya había operado en el club Quilmes de la ciudad y, ante las denuncias de vecinos, concejales opositores presentaron un pedido formal al Ejecutivo municipal para conocer si la empresa contaba con las habilitaciones necesarias para llevar adelante su actividad.

El concejal opositor Julio Loza señaló que presentaron una nota formal ante el Ejecutivo municipal para solicitar información sobre la empresa. “Nos preocupa que esta compañía, a cambio de una compensación económica en criptomonedas que rondaría los 20.000 pesos, obtenga datos biométricos de las personas”, afirmó en diálogo con FM Nexo. 

Además, advirtió que el pago en criptomonedas limita el uso inmediato del dinero y que muchas personas aceptan esta propuesta debido a su situación económica. “Nos alarma que se aprovechen de la necesidad de la gente”, agregó.

Falta de regulación municipal y riesgos para los datos personales

Loza también remarcó que no se puede permitir que una empresa lucre con la obtención de datos personales sin que el municipio controle y autorice su actividad. “Los datos recolectados pueden ser utilizados para cualquier fin. Ninguna empresa puede operar sin la supervisión del municipio y sin garantizar la protección de la información de las personas”, advirtió Loza.

Por último, el edil recordó casos similares en la ciudad de Córdoba y Mar del Plata, donde la empresa fue obligada a cesar sus operaciones. “En Córdoba, WorldCoin comenzó a operar en el Patio Olmos, pero cuando el municipio exigió la presentación de contratos y verificaciones legales, al no cumplir con la normativa, le revocaron la autorización. En Mar del Plata ocurrió lo mismo. Ahora están moviéndose a municipios más pequeños”.

Los concejales opositores insisten en que el municipio debe garantizar el cumplimiento de la Ley 25.326 de protección de datos personales y tomar medidas para evitar que se utilice la necesidad económica de la población para obtener información sensible sin garantías claras sobre su uso y resguardo.

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