Luego de que la propuesta salarial ofrecida por el gobierno de Martín Llaryora, no contemplara los requerimientos planteados por la Asamblea Departamental, este jueves 6 de marzo se ratificó la medida de fuerza votada, que implicó un paro en todas las escuelas oficiales y privadas de la Provincia.
En diálogo con Una Radio Muchas Voces, Guillermo de la Mata, delegado del IPEM 88 de Capilla del Monte, explicó que en un balance general, se llega a esta nueva paritaria con una pérdida aproximada del 30% del salario real. “¿Qué es lo que esperábamos nosotros los docentes de Córdoba? Bueno, una recomposición real de lo que habíamos perdido en el 2024 y la oferta es cero. O sea, la oferta es, miren, docentes de Córdoba, van a tener que acostumbrarse a estos salarios durante todo el año, porque hasta febrero del 26, no va a haber aumento”, explicó Guillermo.
En un paralelismo, el delegado trajo como ejemplo un dato sobre el centro de almaceneros, quienes plantean que la canasta de la pobreza está en 1.300.000 pesos, la canasta de indigencia en 720.000 pesos, mientras que el cargo testigo en la docencia -maestra de grado de jornada simple con diez años de antigüedad- se ubica en 755.000. “Nosotros estamos pidiendo salir o no acercarnos tanto a la indigencia. Esa es la situación de la docencia y en ese piso en donde estamos nos plantean que no va a haber aumento por un año”.
En este contexto donde el ajuste continúa por las áreas esenciales como la salud y la educación, se escucha desde los discursos oficiales, la política de mejorar la calidad educativa, sin embargo la verdadera situación es la precarización de sus trabajadores: “Estamos 35.000 pesos por arriba de la indigencia. Desde ahí estamos partiendo en el reclamo”.
La conducción del sindicato en la departamental Punilla, no llamó a movilizar. “Recién ayer a la tarde se ratificó que la nueva propuesta del gobierno no era satisfactoria, hubo incertidumbre hasta el final. Esto marca también una falencia de parte de nuestra conducción acá en el departamento. Es muy difícil a veces luchar contra el gobierno y también contra la conducción de tu propio sindicato que no asume que el 90% de la docencia no quiere ser indigente”, remarcó Guillermo.
La desproporción salarial que atraviesa al sector de la educación, está incrementando cada año su brecha salarial. Mientras un legislador en Córdoba está ganando casi 7 millones de pesos, la docencia no llegamos al millón.
“Para que veamos la discriminación que hay contra los docentes. Todos los trabajadores estatales cobraron un bono de 100 mil pesos en diciembre del año pasado, salvo los docentes. Me parece que hemos llegado a un límite y vamos a manifestarnos y a luchar para vivir dignamente. No estamos pidiendo nada más que eso”.
La tensión entre la conducción de la UEPC Capital y el resto de las delegaciones existe hace tiempo, donde según explicó Guillermo, se ven dos modeles sindicales diferentes. Hay un modelo que apuesta a que el sindicato realmente crezca, que haya más afiliados, participación y una movilización clara contra estas políticas. Mientras que desde el lado del oficialismo en el sindicato, claramente hay un acuerdo político con el gobierno provincial”, detalló y agregó que una de las primeras medidas fue dar de baja el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual representa alrededor del 10% del salario docente. Una lucha histórica de la Carpa Blanca docente de los años ’90.
“El FONID nunca se incorporó al salario básico y se perdió. Ahora, el otro 90% de nuestro salario depende del gobierno de la provincia y no hay una mínima denuncia, contra el gobierno provincial. La denuncia tiene que ser clara, la lucha tiene que ser clara”.
El ajuste está en marcha, tanto desde el gobierno nacional como el provincial. Hace años que el desgaste salarial viene decayendo, llegando a un punto alarmante durante todo el 2024. En este contexto, Guillermo destacó que un sindicato que realmente represente a la docencia, que sea una síntesis política y sindical de lo que pasa en las escuelas, “tiene que salir a luchar frontalmente contra esta política”.
Las mejores condiciones de trabajo, son directamente proporcionales a mejorar la calidad educativa. “La lucha por mayor presupuesto educativo, no es una lucha sectorial. Esto quiero que quede claro, porque no es que nosotros somos de una fábrica perdida en algún lugar que queremos más salario, sino que lo que estamos defendiendo acá es la educación para todos los argentinos, para todos los que no podemos pagar una educación privada”, concluyó Guillermo de la Mata.
