En una entrevista con Marcos Chigal, integrante de la ONG Reset Política de Drogas y Derechos Humanos, se abordó la reciente decisión del gobierno de dar de baja el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) y las implicancias de esta medida en los derechos individuales y colectivos.
Chigal destacó que, aunque el Estado justifica el control sobre ciertas sustancias, la gestión actual ha restringido el ejercicio pleno de derechos ya consolidados, como el cultivo de cannabis con fines medicinales. «Desde que asumió esta nueva gestión, venimos viendo una serie de acciones que restringen derechos», afirmó.
Uno de los principales cambios ha sido la burocratización de los cultivos comunitarios, exigiendo requisitos desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil. «Les piden, por ejemplo, que los integrantes de las comisiones directivas no tengan antecedentes penales por delitos vinculados a cannabis, o que presenten una lista de pacientes a los que abastecerán, sin siquiera estar autorizados», explicó Chigal. Estas medidas, según él, dificultan el acceso a autorizaciones y afectan principalmente a pacientes que dependen de estos cultivos.
Chigal también criticó la creación de la ARICAME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal), que comenzó a operar sin un marco claro y priorizando el cáñamo sobre otras industrias más extendidas. «Hay una industria que trabaja sin autorizaciones, bajo persecución constante, mientras se promueve el cáñamo, que no es la actividad más difundida en el país», señaló. Además, cuestionó la falta de injerencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el REPROCANN, ya que este registro depende del Ministerio de Salud.
El entrevistado enfatizó que la mayoría de los cultivos individuales autorizados por el REPROCANN son realizados por madres que cultivan para sus hijos e hijas con fines medicinales. «Cuando se habla de ‘limpiar todo y empezar de cero’, se está afectando a madres que cultivan para sus hijos», afirmó. Chigal también denunció que las declaraciones de Bullrich generan un clima de miedo y paranoia entre los usuarios. «La gente está paranoica, preguntándose si van a venir por ellos por tener plantas en sus casas», expresó.
El referente de la ONG Reset señaló que el enfoque actual del gobierno está desviado, ya que la mayoría de las causas judiciales por drogas están relacionadas con el consumo y no con el narcotráfico. «De cada 10 causas, 8 son por tenencia simple o para consumo. Esto no combate el narcotráfico, sino que criminaliza al pequeño usuario», explicó. Propuso, en cambio, regular los mercados de sustancias para desarticular el negocio ilegal. «Regular la sustancia es una herramienta para sacarle el negocio al ámbito ilegal y pasarlo al legal», sostuvo.
Finalmente, Chigal destacó el ejemplo de Colombia, que está avanzando hacia la regulación de la cocaína y promoviendo políticas de reducción de daños. «Colombia, que sufrió la violencia del narcotráfico, hoy busca regular el mercado de la cocaína. Argentina podría imitar esos ejemplos», concluyó. Mientras tanto, el debate sobre el uso recreativo del cannabis y la despenalización del consumo sigue pendiente, en un contexto donde las políticas actuales parecen retroceder en lugar de avanzar.
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