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El Poder Judicial le dio la razón a la organización comunitaria en su disputa con la Municipalidad de Toay.
La jueza María del Carmen García resolvió no hacer lugar al planteo de desalojo promovido por el municipio de Toay y condenó a la parte vencida a pagar las costas del proceso. En la resolución, la jueza civil advierte que las demandadas, dos vecinas de la agrupación comunitaria, se declararon con ánimo de poseer la tierra. Eso implica que la municipalidad debió haber discutido si la posesión es legítima o ilegítima y no intentar el desalojo como vía para la desocupación del predio.
En comunicación con Radio Kermés, Anahí, integrante de Chakra Raíz dijo: «el juicio que se inició hace 3 años, un juicio sumarísimo con pedido de desalojo. A lo largo de estos 3 años hubieron 2 audiencias conciliatorias para llegar a un acuerdo. Pero no hubo propuestas conciliatorias por parte de la Municipalidad, ellos querían esperar una sentencia. Nos pone muy contentos porque nos parece justo que después de 6 años de habitar este espacio, resistiendo, creando, construyendo. Nos parece un fallo justo que valora el esfuerzo que ha significado construir nuestras viviendas, haber colocado nuestro molino para acceder al agua, haber resistido inviernos, nos pone muy contentos».
Chacra Raíz ya habían obtenido una victoria contundente en la Justicia Penal, cuando se los dejó absueltos de la acusación criminal que les hicieron autoridades institucionales toayenses. Esa vez, las autoridades «dejaron en claro que nos quieren desalojar por eso no llevaron ninguna propuesta», aseveró Anahí, integrante de Chakra Raíz.
«Venimos diciendo hace cinco años y medio que siempre quisimos solucionar el conflicto a través del diálogo. Manifestamos nuestra voluntad para pagar el espacio que estamos habitando, pero no hubo caso», completó.
De aquella audiencia participaron autoridades de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente y manifestaron su preocupación porque notaron que hay muchos derechos vulnerados, hay niñas, niños y adolescentes a los que se les priva del acceso al agua y a la energía eléctrica. «Alertaron que es el Estado quien está vulnerando nuestros derechos porque se nos niega el acceso al agua», aseveró.
«Se habló que se haga efectivo el cumplimiento del servicio de electricidad. Si bien nosotros colocamos pantallas solares, no tenemos medidor, por ende no podemos utilizar herramientas eléctricas ya que nuestras pantallas son para un foco. Se hizo hincapié en eso y a nosotros nos parece que es justo. Porque hace más de 5 años que lo venimos solicitando y parece que esta vez lo vamos a lograr. Lo que propone la jueza y los demás ministerios es que haya un diálogo y no llegar a una sentencia firme», explicó Anahí.
La Municipalidad de Toay tiene 15 días para apelar el fallo o la sentencia quedará firme.
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