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Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan denunciaron públicamente al gobierno por acciones de violencia y persecución mediante un comunicado que dieron a conocer ayer a través de la jefa del Servicio de Transplante de Médula Ósea, Raquel Staciuk, en representación de toda la comunidad de la institución.

Primero, remarcaron que uno de los hospitales de alta complejidad para la atención de niños, niñas y adolescentes atraviesa “una grave situación institucional que no solo incluye la crisis estructural por la falta de recomposición salarial, sino también acciones de violencia institucional y persecución hacia trabajadores”.

En esa línea, señalaron a las autoridades del Ministerio de Salud y del propio hospital por adoptar “medidas intimidatorias” para atacar el derecho a la huelga y protesta. Por ejemplo, enviaron correos electrónicos con amenazas de sanciones dirigidas a residentes en el marco del conflicto aún no resuelto o notas exigiendo la información del presentismo durante un paro.

“La circulación de comunicados oficiales no desmentidos, que podrían tener un carácter intimidatorio hacia las medidas de fuerza. Desdén y ninguneo en instancias formales de conciliación, lo cual expone una falta de voluntad de diálogo y resolución. Publicaciones en redes sociales oficiales, particularmente en X, en las que se intenta deslegitimar públicamente los reclamos y movilizaciones, minimizando la magnitud del conflicto e invisibilizando sus causas estructurales”, agregó Spaciuk.

Los trabajadores y trabajadoras del Garrahan aseguran que estas prácticas tiene el objetivo de “silenciar y desarticular la organización colectiva, atentando contra el carácter público, formativo y de alta complejidad del hospital”. Por eso repudian la actitud de la dirección y el Consejo del Hospital “que no resuelven oportunamente el conflicto y así amenazan el modelo de atención de nuestro hospital”.

Por último, reafirmaron el compromiso con la salud de los pacientes que llegan día a día desde distintas partes del país garantizando “atención con responsabilidad y profesionalismo”, pero “necesitamos una respuesta urgente y concreta por parte de las autoridades”. Vale la pena aclarar que el gobierno nacional no realizó ninguna oferta para destrabar el conflicto.

Luego de difundir este comunicado se realizó una nueva marcha a Plaza de Mayo. Hoy a las 7 de la mañana finalizó el paro de los profesionales y técnicos del hospital Garrahan. La semana que vienen si no hay respuesta está definido un paro de 48 horas para el martes 10 y miércoles 11, con movilización el miércoles a la Plaza de Mayo. Para esta tarde está convocado un Cabildo Abierto en Defensa del Garrahan y de la Salud Pública.

Foto: Antonio Becerra / Tiempo Argentino.

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Escuchar/Descargar el reporte de Daniela Nievas desde Radio Tierra Campesina de Lavalle, Mendoza.

En Mendoza, distintas familias del departamento Lavalle —en su mayoría mujeres— se convocaron para exigir respuestas y condiciones dignas para sus hijos e hijas con discapacidad. Lo hacen en un contexto de creciente recorte presupuestario y falta de regulación por parte del Estado nacional. Fue en la previa de la media sanción dela Cámara de Diputados al proyecto de emergencia en discapacidad.

Rebeca Garcia, mamá de Bruno, un adolescente de 13 años con epilepsia y diagnóstico de autismo, dijo en Radio Tierra Campesina que las medidas del gobierno nacional afectan a la salud y la vida cotidiana de miles de familias mendocinas. “Nosotros venimos sufriendo, lamentablemente, hace mucho tiempo, maltrato en líneas generales, de lo que vendría siendo y afecta directamente a la parte de salud”.

Además, contó que uno de los problemas es que no hay acuerdo en el nomenclador, que organiza y gestiona el “catálogo de prestador”. Es decir, “si hay un kinesiólogo y cuánto tiene que cobrar”.

Carmen, madre de dos hijos con discapacidad, que se sumó al reclamo, denunció los atrasos en los pagos, la falta de transporte y la exclusión cada vez más evidente del sistema. “Al tener atrasos en los pagos, los prestadores están restringiendo el servicio. Y nuestros hijos necesitan eso para poder vivir, ya sea por su salud o la inclusión en la sociedad”.

Por último, opinó que “con este gobierno directamente somos el último orejón del tarro. Están cortando en el hilo más fino y donde más se necesita”.

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Escuchar/Descargar el reporte desde Radio Trinchera de La Plata, Buenos Aires.

Continúa el juicio vinculado a la desaparición y femicidio de Johana Ramallo en La Plata. Tras 8 años de impunidad, el proceso judicial inició el 16 de mayo pasado en el Tribunal Oral Criminal N°2 de la ciudad y ya contó con dos audiencias presenciales, en la que declararon algunos testigos y Marta, la madre de la joven.

Se trata del primer juicio que aborda la muerte de Johana, pero que no juzga directamente su narcofemicidio. En esta instancia, los ocho imputados afrontan los cargos de comercio de estupefacientes, facilitación y promoción de la prostitución ajena y encubrimiento. Mientras, en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata se sigue investigando la causa principal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y posterior femicidio de Johana.

Radio Trinchera dialogó con Silvina Perugino, abogada de la familia Ramallo, lamentó la actuación del Poder Judicial en estos años desde la desaparición: “Para nosotras fue no fue feliz, no sé cómo calificarla, de la justicia penal ordinaria que la verdad que no actuó tal como nosotras requeríamos desde la querella”.

, quien dio detalles sobre la declaración de la madre de la víctima y la actuación lamentable del Poder Judicial en estos años desde la desaparición.

La abogada feminista y secretaria de Mujeres y Diversidad del Municipio de La Plata, calificó la causa como “una de las más importantes de la Provincia de Buenos Aires” de los últimos años. “Es una mega causa, son más de 70 cuerpos de expedientes”.

Desde la familia, amigos y las personas que acompañan la causa aseguran que este es el primer paso para saber qué sucedió con Johana. La próxima audiencia será el viernes 13 de junio en la sede judicial de 8 y 50 en la capital bonaerense.

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El gobierno nacional no hizo ninguna oferta salarial a los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan y los gremios ratificaron el paro.

Según informaron tras la audiencia realizada en el ministerio de Trabajo, los funcionarios les dijeron que “querían enterarse de cuál era el conflicto para elevarlo a las autoridades del Consejo de Administración”, contó Norma Lezana, de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital .

Luego, criticó que no hayan realizado ninguna oferta: “Ninguna propuesta, cero, con lo cual se ratifica todas las medidas anunciadas. Es indignante, no están a la altura de lo que está pasando”, expresó.

Alejandro Lipcovich, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alertó sobre el futuro de una de las instituciones de salud más prestigiosas del país, con especial atención en patologías complejas en niños, niñas y adolescentes. “Los trabajadores no aguantan más, porque están viendo que el hospital se va a pique, que la gente renuncia, que se están cerrando sectores, que no alcanza el presupuesto. Lo que puede pasar es que si no ponemos un freno a este vaciamiento, el hospital Garrahan, que es donde se atienden los niños y niñas de todo el país, no vuelva a ser el mismo”.

“Están yendo demasiado lejos, esto no es broma, esto no es un juego, es el principal hospital pediátrico del país y hay una rebelión interna en el hospital, porque hemos llegado a una situación límite y como si esto fuera poco, nos han traído a una audiencia a tomarnos el pelo”, agregó en rueda de prensa.

Tras la audiencia en la que el gobierno no hizo oferta salarial, se inició anoche un paro de los profesionales y técnicos del Garrahan que se extenderá hasta las 7 del viernes. También ATE lanzó para este jueves una jornada nacional de lucha con paros y asambleas en hospitales de todo el país.

Los residentes del Garrahan decidieron levantar el paro luego de una comunicación del gobierno en la que los amenazaba con sanciones si no retomaban sus tareas.

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El Ni una Menos se expresó masivamente frente al Congreso a 10 años del primer 3J y unió su lucha a la de los jubilados y jubiladas.

La importante movilización impidió que las fuerzas federales pudieran aplicar el protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reprimir, como lo hacen cada miércoles con gases, palos y escudos.

“Manifestarse no es delito. ¡Fuera Bullrich! ¡Abajo el protocolo anti-Piquete”, expresaron las organizaciones feministas durante la lectura del documento casi al finalizar la jornada.

Además, denunciaron las distintas formas de violencia que aplica el gobierno de Javier Milei: “El hambre es violencia. La falta de políticas públicas para el abordaje de las violencias por razones de género es violencia. La deuda es violencia. Estamos cada vez más endeudadas, precarizadas y pluriempleadas con ingresos miserables. Basta de violencia institucional”.

Foto: Agencia Presentes.

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Escuchar/Descargar el reporte de Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Dean Funes, Córdoba.

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) volvieron a marchar en defensa del organismo y los puestos laborales que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La movilización fue hacia el Congreso repudiando el decreto que aplica el vaciamiento, desmantelamiento y la intervención del instituto.

Héctor Ferrario, delegado de Apinta, dijo a Radio Pueblo que el DNU que pretende firmar el presidente “va a cambiar lo que ha sido la conducción colegiada entre los productores, las entidades de productores, el gobierno nacional y las universidades”.

“Se le saca la silla a una de las entidades, más las dos que representan a las universidades, y agregaría una silla más al gobierno. Eso le daría hegemonía. Y después de eso viene el cierre de las agencias del INTA”, agregó. En esa línea, señalan que están en peligro unos 1500 puestos de trabajo y otros 400 que son becarios.

Por otro lado, comentó que el INTA hasta el momento “siempre tuvo autonomía para manejar sus propios recursos que le corresponden por ley del presupuesto nacional”. Sin embargo, con las modificaciones del gobierno de Milei “pasaría a ser un organismo centralizado desde la Secretaría de Agricultura”.

Las delegaciones del INTA de todo el país se mantienen en alerta.

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