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A 10 años del Ni una Menos: crónica de un encuentro

La tarde está quieta. Es la siesta y el sol se quiebra en la plaza del pueblo que suele ser el lugar de los encuentros. Esta vez, las fotos, banderas y carteles no rodean el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín. La cita para estos 10 años del Ni una Menos, tiene una puerta abierta de madera, en la calle Alem. “Pensamos en tener un espacio cuidado y más íntimo para compartir”, dice Paula, integrante del Movimiento Plurinacional feminista y disidente y de la Dignidad, la organización que abrió su Casa Compañera, y entre todas se hizo un cobijo de memorias, coplas, mates, budines y bizcochuelos. Hace 10 años, otra puerta se abrió para no cerrarse Nunca Más.

El altar, un ritual que se hizo parte del repertorio de luchas en estos territorios, se enciende en memoria de las que faltan, se hace -una vez más- aroma, fuego y palabra. Las cajas de las copleras suenan y se da comienzo a una jornada, que en verdad, arrancó hace rato.

El Ni una Menos, “aporta la posibilidad de saltar el cerco de las convencidas”, dice la periodista Marta Dillon en un video que proyecta la historia de esta fecha: “El feminismo nos da la posibilidad de develar lo que tiende a invisibilizarse”. El patriarcado está ahí, y como sistema de dominación, explica Dillon, “su mayor habilidad es ser invisible”.

Las imágenes se proyectan sobre una tela blanca. La masividad  de aquella manifestación, más de 300 mil personas en todo el país, permitió hacer visible demandas históricas del movimiento feminista, pero también acercar a tantas personas que cruzaron ese cerco de las convencidas, de las tantas que fueron solas y se sintieron acompañadas. El detonante, el femicidio de Chiara Paéz en Rufino, una adolescente de 14 años. Las cifras que escalaban y la necesidad de cambiarlo todo. El Ni una Menos fue una bisagra en el tratamiento mediático, en la sanción de leyes, en las formas de vincularse, en la violencia normalizada por este sistema, reproducida por instituciones y generaciones a través de mandatos, que estallaron en las calles hastiadas de tanta violencia. Se dijo basta a ese “algo habrán hecho”, que indagaba a la víctima y su entorno, y no en su femicida. Se dijo basta al crimen pasional y los discursos mediáticos que legitimaban el odio. Las calles se llenaron y nombraron esa violencia, ese dolor.

“Estaba en Buenos Aires y recuerdo mucha bronca”, dice Viviana en la ronda que se arma para hacer esa memoria colectiva. “No soy la misma después de ese 3 de junio”, dice Ayelén y da cuenta de como esa fecha fue un punto de inflexión en su vida, para pensar lo cotidiano, los vínculos con las parejas y familias. El lugar más inseguro, puede ser tu propia casa, y ese 3 de junio quedó claro que la violencia machista no es un tema de seguridad, es una cuestión pública. Fue el momento justo donde se comprobó -masivamente- aquello de que lo personal es político.

Hay una cronología que se estira como una línea del tiempo desde el siglo pasado. Graciela abre el diario de aquel 3J de 2015. Un gesto analógico que se vuelve disruptivo.  “¿Por qué salíamos a la calle?” -dice y repasa las demandas impresas en un conocido diario cordobés. No hay distancia. La vigencia es una alarma que debe mantener a la manada unida. Hoy, en medio de este 2025, se registraron 250 denuncias por intentos de femicidios, es decir, cada 8 horas se intentó asesinar a una mujer. Fueron 94 los femicidios  registrados hasta mayo por el Observatorio Ahora que sí nos ven, 85 niñes sin sus madres. En una década, sólo el 3% de los femicidios tiene una condena firme.

Acompañamiento, medidas de prevención, cuidado y educación. En este tiempo, por todo eso se ha luchado y muchos de los logros que acarrean décadas de luchas, se ven cuestionados y eliminados en manos de un gobierno que gestiona desde la crueldad. La disolución del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, por ejemplo, implicó que no existan equipos técnicos, la interrupción de programas y la paralización de políticas públicas para prevenir y abordar la violencia de género. “Despilfarros absurdos”, dijo el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y eliminó 13 programas nacionales que implicaban la prevención, la formación y el acompañamiento en políticas de género. En su intento por querer borrar también del Código Penal la figura del femicidio, argumentó que “no se deben hacer distinciones por sexo”, y demostró cuanto de esencialidad patriarcal tiene su discurso negacionista al intentar hacer de este sistema de dominación, algo invisible.

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Reducir los hechos a números suele resultar vacío, se pierde el sentido más integral de una problemática tan grave que cala hondo en cada rincón de nuestro país.  “Aunque no nos guste nombrar las estadísticas” – continúa Graciela-,  “eso sirvió” y explica que fue clave para mostrar en la justicia, en la comisaría del pueblo y en el municipio, que en Capilla del Monte la violencia machista existe.

Si las estadísticas duelen, la revictimización en cada instancia de denuncia, también. En Capilla del Monte son muchos los nombres de las que faltan:

Maria Rosa Rossi, Mirta Horrach, Paula Taormina, Luciana Arenas, Sabrina Ochoa, Mariela Natalí, Cecilia Basaldua, Thiago Moyano (víctima de femicidio vinculado).

Fue en el año 2020, cuando Mariela Natalí (febrero) y Cecilia Basaldúa (abril), fueron desaparecidas y encontradas sin vida en distintos lugares de Capilla del Monte. Al día de hoy, no existen responsables por sus muertes. La impunidad que rodea la causa de Cecilia llegó a involucrar a un inocente en su crimen. En la actualidad, está en curso una nueva investigación a cargo de la Fiscalía de Cruz del Eje. El caso de Mariela, nunca fue investigado. 

Sin embargo, a pesar de este panorama local, desde la página de la Municipalidad, el intendente Fabricio Díaz, escribió -entre otras cosas-, que desde este municipio, siguen construyendo políticas públicas con enfoque de género, «fortaleciendo redes comunitarias y acompañando a quienes más lo necesitan. (…)En Capilla del Monte, Ni Una Menos es presente, es acción y es futuro”.

Hace casi dos meses, se cumplieron los cinco años por el femicidio de Cecilia, Daniel Basaldúa -su papá-, invitó al intendente a través de una entrevista radiofónica en Una Radio Muchas Voces, a que lo acompañara a marchar. Por la tarde del 25 de abril, la ausencia del intendente llevó a Daniel a reflexionar, después de tanto destrato,  que “si el intendente no les arregla una luz, salgan a protestarle a Fabricio, que a todo esto no vino a acompañarme a la marcha; vieron que yo amablemente lo invité y no se anima; porque me tiene que decir si realmente él estuvo cuando encontraron el cuerpo de Cecilia; (…) le estoy preguntando y no le cuesta nada contestar o decir Daniel está mintiendo, yo no estuve ahí”.

Diez años. Y todo ese tiempo que permite comprender que el patriarcado permea a cada estrato de la sociedad y las responsabilidades políticas en causas tan serias, como un femicidio, existen. Pero desde la intendencia, se instala el discurso que borra, construye una realidad a la medida de la impunidad y atenta contra esa trama clave que hay que entender: los femicidios territoriales. Causas como la de Cecilia Basaldúa, no hablan de vínculos de pareja e intimidad, “sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, gendarmes y fiscales”, explican desde el Observatorio Lucía Pérez.

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Por cada año que acumuló pasos en marchas multitudinarias. Muertes evitables. Destrato y dolor en las familias de víctimas, en las sobrevivientes, en las que están. Por cada año, donde el abrazo fue el lugar seguro. La ronda sigue encendida y la palabra vuelve y transmite. Se instala: Desendeudadas sin miedo juntas fuertes amadas unidas brillantes dando cuidando recibiendo libres  VIVAS nos queremos. Y tantas más palabras, quedan entrelazadas en ese afiche que toma el centro del encuentro. Por cada año, hay una certeza que crece: “ya no somos invisibles”, dijo Norita Cortiñas con el pañuelo blanco luminoso sobre la cabeza y el verde, en la muñeca, con el puño en alto, frente a una multitud: “Nunca Más”.

*Fotos de Buenos Aires, revista Mu Lavaca.org

Diputados dio media sanción al aumento a los jubilados y a la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que establece un aumento excepcional para las jubilaciones y pensiones por 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. La medida impulsada por Unión por la Patria (UP) obtuvo el rechazo del oficialismo y sus aliados del PRO.

El proyecto establece una suba del 7,2% de las jubilaciones y su actualización mensual por inflación, además del aumento del bono de 70 mil pesos a 110 mil. En el mismo sentido se aprobó la prórroga de la moratoria previsional con 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones.

La diputada Victoria Tolosa Paz (UP) fue la miembro informante del texto y aseguró que el objetivo del mismo es “dar una respuesta al drama de todos los jubilados en Argentina”. Y agregó: “No podemos vivir en un país en el que nuestros jubilados y pensionados se mueren de hambre”.

También recordó que no es la primera vez durante la gestión de Javier Milei que intentan lograr un aumento por ley para jubilados y jubiladas. La primera vez el presidente vetó la norma y luego agradeció con un asado en la Quinta de Olivos a los legisladores que avalaron esa decisión.

La calle nos lo exige, nuestros jubilados también, y no hay patria pegándole a los jubilados y pensionados de la República. Hay patria si somos capaces de ponerle en el bolsillo lo que ustedes le sacaron”, señaló.

Luego de la media sanción al aumento de jubilaciones y el bono, más la prórroga de la moratoria, la Cámara de Diputados también dio media sanción al proyecto de ley de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma obtuvo 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones.

Daniel Arroyo, el diputado de UP miembro informante del texto, aseveró que se trata de una ley “que está fuera de la grieta y busca atender una verdadera emergencia y crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.

El proyecto también establece una actualización de los aranceles de los prestadores y un aumento de la remuneración a las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos, entre otros puntos.

La diputada socialista de Santa Fe, Mónica Fein, apuntó al trato del gobierno hacia las personas con discapacidad. “Este gobierno lo que quiere hacer no es modificar el equilibrio fiscal, quiere cambiar un rumbo cultural que no consideremos como iguales, que no integremos, que no generemos derechos de igualdad a las personas que tienen más vulneradas su posibilidad de construir una vida integral en esta sociedad”.

Lo que estamos discutiendo acá es profundamente humano, obvio que las personas con discapacidad necesitan prestaciones, necesitan traslados, necesitan profesionales, técnicos, talleres, inclusión laboral, todo eso nos hace una sociedad más humana”, remarcó.

Los dos proyectos, sobre jubilaciones y discapacidad, pasarán ahora al Senado para su sanción de definitiva. Mientras tanto el gobierno nacional anticipó que vetará las dos iniciativas en caso de que se conviertan en ley.

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Trabajadores del INTA volvieron a movilizarse en defensa del organismo y los puestos laborales

Escuchar/Descargar el reporte de Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Dean Funes, Córdoba.

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) volvieron a marchar en defensa del organismo y los puestos laborales que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La movilización fue hacia el Congreso repudiando el decreto que aplica el vaciamiento, desmantelamiento y la intervención del instituto.

Héctor Ferrario, delegado de Apinta, dijo a Radio Pueblo que el DNU que pretende firmar el presidente “va a cambiar lo que ha sido la conducción colegiada entre los productores, las entidades de productores, el gobierno nacional y las universidades”.

Se le saca la silla a una de las entidades, más las dos que representan a las universidades, y agregaría una silla más al gobierno. Eso le daría hegemonía. Y después de eso viene el cierre de las agencias del INTA”, agregó. En esa línea, señalan que están en peligro unos 1500 puestos de trabajo y otros 400 que son becarios.

Por otro lado, comentó que el INTA hasta el momento “siempre tuvo autonomía para manejar sus propios recursos que le corresponden por ley del presupuesto nacional”. Sin embargo, con las modificaciones del gobierno de Milei “pasaría a ser un organismo centralizado desde la Secretaría de Agricultura”.

Las delegaciones del INTA de todo el país se mantienen en alerta.

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Incumplimiento del FOMECA: “Es un delito que está cometiendo el ENACOM, en definitiva, el gobierno nacional”

Escuchar/Descargar el reporte de Aire Libre desde Rosario, Santa Fe.

El gobierno de Milei cobra un impuesto a los medios pero no lo destina a fomentar a radios comunitarias como está establecido por ley. Es lo que viene denunciando FARCO y otras redes de medios populares sin respuesta del gobierno. Néstor Busso, responsable de Políticas de Comunicación de FARCO, habló con Aire Libre sobre el tema.

Los Fondo de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) son para los medios comunitarios del país. Para acceder a estos fondos los medios tienen que presentar proyectos, resultar ganadores y luego comprobar en qué gastó ese dinero. Para ello, tienen que enviar facturas y otros comprobantes que lo verifiquen.

Esta política está establecida en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el organismo que la gestiona es el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom). Los fondos que se asignan a estos concursos derivan de un porcentaje del 10% de un gravamen por publicidad que todos los medios de comunicación del país, incluidas las radios comunitarias, tienen que pagar.

En diálogo con Aire Libre, Néstor Busso, responsable de Políticas Públicas del Foro Arentino de Radios Comunitarias, explicó que “los medios seguimos pagando ese gravamen. Sin embargo, el dinero no sabemos dónde va porque no se asigna, no se llama concurso y además están debiendo fondos de proyectos ejecutados en el año 2023”.

Además, señaló que aún falta pagar los segundos desembolsos correspondientes a los proyectos ejecutados durante el 2023.

El comunicador de Radio Encuentro (Viedma, Río Negro) también comentó que desde el Enacom no dan ninguna respuesta: “.Lo llamativo es que hemos presentado varios reclamos, hemos hecho presentaciones administrativas y de parte del Enacom no hay ninguna respuesta, ninguna explicación, no están cumpliendo con la ley”

Por último, remarcó que los medios comunitarios reclaman simplemente “cumplir lo que dice la ley” que “establece un fondo que sigue vigente y el dinero no se adjudica como la ley determina”.

Por lo tanto, se está violando la ley y esto es un delito que están cometiendo las autoridades del Enacom, en definitiva del gobierno nacional”, concluyó.

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Jóvenes por el Clima impulsa políticas ambientales con el programa Clima Sur

En un contexto de creciente preocupación por la crisis climática, la organización Jóvenes por el Clima lanzó el programa Clima Sur, un laboratorio de innovación en política ambiental destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años. La iniciativa busca formar a las nuevas generaciones en el diseño de políticas públicas con impacto real, articulando con la academia y tomadores de decisiones. Dana Oyarzábal, integrante de la organización y tesista en Ciencia Política de la UNC, explicó en una entrevista los objetivos y alcances del proyecto.

«La idea principal de Jóvenes por el Clima es poner a la crisis climática en agenda tanto política como social», afirmó Oyarzábal. La organización, con cinco años de trayectoria, ha logrado movilizar a miles de personas y promover leyes clave como la de cambio climático y educación ambiental. «Actualmente nuestros focos más fuertes son la incidencia política y la educación ambiental», agregó, destacando que Clima Sur combina ambas líneas de trabajo.

El programa, que se desarrolla en simultáneo en Córdoba y Buenos Aires, consta de sesiones teóricas virtuales y talleres presenciales para co-crear proyectos legislativos. «La idea es que sea un espacio donde las juventudes empecemos a pensarnos como creadores de decisiones que delimitarán nuestro presente y futuro», señaló Oyarzábal. Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de junio y son gratuitas, con cupos limitados para garantizar un acompañamiento personalizado.

Respecto al perfil de los participantes, la entrevistada aclaró: «Es abierto a todos los jóvenes de 18 a 30 años de la provincia de Córdoba que quieran que sus propuestas lleguen al ámbito de la política pública». El programa no solo apunta a generar nuevas normas, sino también a mejorar las existentes. «Podemos trabajar sobre la ley de bosques o de educación ambiental, incluso modificar leyes que no se implementan efectivamente», explicó.

Uno de los ejes centrales de Clima Sur es disputar el sentido común sobre la crisis climática. «No se trata solo de un oso polar en el Polo Norte, sino de olas de calor, inundaciones e incendios que afectan nuestro día a día», enfatizó Oyarzábal. Frente a un escenario nacional complejo, la organización apuesta a fortalecer espacios subnacionales: «Hay una ventana de oportunidad en las provincias para evitar retrocesos en materia ambiental».

La iniciativa también busca romper con estereotipos sobre el rol de los jóvenes. «No solo queremos ser quienes ponen el cuerpo en limpiezas o reforestaciones, sino también quienes discuten el entramado político», remarcó la activista. Para ella, la participación en ámbitos legislativos es clave: «Es disputar las nociones sobre lo ambiental dentro de los lugares de poder».

Jóvenes por el Clima invita a sumarse a este proyecto a través de sus redes sociales, donde se encuentra toda la información. «Si querés cambiar las reglas del juego, este es tu lugar», concluyó Oyarzábal. Con Clima Sur, la organización reafirma su compromiso por un ambientalismo arraigado en la realidad local y liderado por las nuevas generaciones.

Gran marcha de mujeres y diversidades junto a jubilados y otros sectores

Escuchar/Descargar el reporte de Camila Hernández Benítez desde Radio Gráfica de CABA.

En la Ciudad de Buenos Aires se realiza este miércoles una masiva movilización a 10 años del primer Ni una menos que además se unirá a la protesta de los jubilados y jubiladas que semana a semana son reprimidos por el gobierno nacional por reclamar mejores haberes, más moratoria provisional y la entrega de medicamentos gratuitos.

Desde las 16 se juntarán frente al Congreso de la Nación junto a otros sectores, como trabajadores estatales, científicos e investigadores del Conicet y otras universidades, organizaciones de familiares de personas con discapacidad y especialistas del área bajo la consigna “unir las luchas es la tarea”. Se trata de una manera de visibilizar el reclamo al gobierno de Javier Milei de manera unificada por el brutal ajuste que aplica desde que asumió su gestión en 2023 sobre la clase trabajadora y los sectores más postergados, beneficiando a la clase más poderosa y rica de la Argentina.

La histórica marcha se lleva adelante habitualmente cada 3 de junio desde hace 10 años. La primera de ellas fue motorizada días después del violento femicidio de Chiara Páez, adolescente de 14 años asesinada el 10 de mayo de 2015.

Lucía Cavallero, militante del Colectivo Ni Una Menos, contó en Radio Gráfica que decidieron cambiar el día porque no podían marchar el 3 de junio y al otro día “ver a las jubiladas reprimidas por televisión”, como viene sucediendo cada miércoles.

No sería una escena de los feminismos populares de lo que queremos formar. Entonces dijimos cambiemos la fecha y demos un mensaje a la sociedad, a toda las que se sienten interpeladas, conmovidas por el movimiento de mujeres, que hoy la tarea del movimiento feminista es acompañar a las jubiladas y jubilados, llenar de solidaridad esa lucha que es estratégica, que está enfrentando un tercio de la motosierra de Milei”, subrayó.

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