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La Justicia de Chubut comienza este viernes con la apertura formal de investigación contra 24 personas por las protestas de diciembre de 2021, cuando la sociedad se movilizó masivamente en contra de la aprobación de la ley que permitía la megaminería en la meseta central de la provincia.
Se les imputa atentado a la autoridad, daños e incendios en edificios públicos. En paralelo, la Justicia provincial cerró al menos 15 causas de denuncias por violencia institucional durante la represión de las fuerzas de seguridad durante las marchas que protagonizó el pueblo en distintas ciudades. Las movilización social generó que la Legislatura provincial derogara la ley que había aprobado horas antes.
Damián D’Antonio, abogado de la Defensoría Pública que representa a los procesados, advirtió que de no investigar las denuncias por la represión policial, el Estado argentino puede ser sancionado por organismos internacionales.
“Se está violando el derecho de acceso a la justicia; hablamos de derechos humanos”, señaló D’Antonio en diálogo con Radio Escuela La Namunkurá.
“Son hechos muy graves, lo que ha sucedido que se ven involucrados derechos humanos. No en un concepto genérico sino que impacta y entra a jugar directamente la convención contra la tortura y tratos crueles e inhumanos”, consideró.
Sobre el final de la entrevista, el abogado pidió a quiene sufrieron abusos policiales durante las manifestaciones de diciembre pasado realicen la denuncia. Asimismo, definió que la represión de esos días fue una “cacería”, “sistemática y organizada”.
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